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Imágenes de seguridad de alarmas

La seguridad y la vigilancia son muy necesarios en la sociedad actual, pero deben ser compatibles con el derecho fundamental a la protección de la imagen como dato personal. Las imágenes de seguridad captadas por las cámaras de vigilancia deben cumplir la normativa de la Ley Orgánica de Protección de Datos. Con estas medidas se pretende mantener la confianza de la ciudadanía en el sistema democrático. Esta Ley Orgánica tiene por objeto garantizar y proteger, en lo que concierne al tratamiento de los datos personales, las libertades públicas y los derechos fundamentales de las personas físicas, y especialmente de su honor e intimidad personal y familiar. La Ley será de aplicación a los datos de carácter personal registrados en soporte físico que los haga susceptibles de tratamiento, y a toda modalidad de uso posterior de estos datos por los sectores público y privado.

Por eso, la Agencia Española de Protección de Datos ha dictado unas leyes para adecuar los tratamientos de imágenes de seguridad con fines de vigilancia a los principios de dicha Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter personal y garantizar los derechos de las personas cuyas imágenes son tratadas por medio de tales procedimientos.

En relación con la instalación de sistemas de videocámaras, será necesario ponderar los bienes jurídicos protegidos. Por tanto, toda instalación deberá respetar el principio de proporcionalidad, lo que en definitiva supone, siempre que resulte posible, adoptar otros medios menos intrusivos a la intimidad de las personas, con el fin de prevenir interferencias injustificadas en los derechos y libertades fundamentales. Esta ley regula el plazo de conservación de las imágenes de seguridad o vídeovigilancia, y establece que “los datos serán cancelados cuando hayan dejado de ser necesarios o pertinentes para la finalidad para la cual hubieran sido recabados o registrados”.

La Agencia de Protección de Datos, con respecto al tiempo máximo de conversación de las imágenes de seguridad captadas por vídeovigilancia, establece que deben conservarse como máximo durante un mes para cumplir con su finalidad, una vez cumplido dicho plazo las imágenes deberán cancelarse. La cancelación dará lugar al bloqueo de los datos, conservándose únicamente a disposición de las Administraciones Públicas, Jueces y Tribunales, para la atención de las posibles responsabilidades nacidas del tratamiento, durante el plazo de prescripción de éstas. Cumplido el citado plazo deberá procederse a la supresión. Es decir, las grabaciones deberán ser eliminadas en el plazo máximo de un mes salvo que recojan un delito o incidencia, en tal caso deberán ser conservadas por la policía o tribunales o custodiadas por una empresa de seguridad homologada que garantice su trazabilidad e integridad.

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